27Mayo2017

Periodismo de Investigación | El Jurado

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23 Feb
Escrito por  Carlos Jurado

DENUNCIAN AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

Como consecuencia de la prioridad que se ha dado en la cortes de inmigración a los casos de familias y menores centroamericanos, miles de inmigrantes han visto cómo, sus vistas judiciales han sido pospuestas durante años; es así, que tras años de incertidumbre y costosos trámites legales, decenas de miles de inmigrantes por todo el país han comenzado a recibir cartas de las cortes estadounidenses notificándoles que sus casos han sido cancelados y se quedarán sin resolución judicial hasta el 2019 o después.

"Este monto de casos de niños son los que han contribuido al embotellamiento que tienen las cortes de migración", declaró Salvador Sanabria, de El Rescate, una organización sin ánimo de lucro con sede en Los Ángeles; aseguró asimismo, que "hay jueces que se han retirado y no han sido reemplazados", contribuyendo así a una saturación del sistema judicial que no tiene precedentes y que ha desembocado en la actual crisis de los inmigrantes, cuyas peticiones incluían reunificación familiar, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y asilo.

En ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Denver y San Antonio, que reciben el mayor volumen de casos migratorios del país, las cancelaciones y retrasos previstos han sentado como una jarra de agua fría, desatando la preocupación entre la comunidad inmigrante; y es que, para algunas personas, su estancia en el país podría incluso peligrar. "Los documentos que ha costado tanto juntar para presentar los argumentos que los abogados harán ante el juez ya no tendrán la misma validez que tendrían, si las vistas se tuvieran hoy en día", denunció Sanabria.

Algunos individuos en situación irregular que han pedido amparo migratorio bajo un determinado programa, ven como tras la nueva decisión, se quedan sin la opción de acogerse a otros programas como el DACA; además, los inmigrantes cuyos permisos de trabajo caduquen no podrán renovarlos sin pasar primero por un juez, como es el caso de Luis Reynaga, un mexicano de treinta y tres años de edad, que llegó indocumentado a Los Ángeles en el 2000 y cuyo permiso de trabajo caduca a finales de 2015.

Hace dos años, Reynaga fue detenido por la policía por el impago de una multa de tráfico y por conducir sin carné; "me detuvieron y me llevaron con migración", explicó el hombre que tuvo que ingeniárselas para pagar una fianza de diez mil dólares y salir en libertad. Apenas unos meses después, se apersonó ante un magistrado que le concedió el plazo de un año para arreglar su situación migratoria antes de ejecutar una orden de deportación.